La importancia de implementar la Ley Antisoborno

Más conocida como la Ley antisoborno, la Ley 1778 de 2016, dicta normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y establece otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.

¿Qué es un soborno?

Un soborno está definido como un pago en dinero, especie y en algunos casos, una combinación de los anteriores, para favorecer a un tercero, aunque no es la única modalidad. Existen también pagos de gastos de entretenimiento, entrega de regalos y contribuciones políticas. 

Ahora bien, para saber qué tipo de actos de corrupción ocurren en estos casos, existe el tráfico de influencias, la solicitud y pago de coimas, la supervisión e interventoría desleal y el descuido en el ejercicio del servicio público (negligencia). 

¿Por qué las empresas deben preocuparse por las conductas de sus empleados?

Aunque la respuesta pueda sonar obvia, es claro que las compañías tienen la responsabilidad de llevar a cabo sus negocios de manera ética, es decir, sin desequilibrios en la oferta y demanda de bienes y servicios. 

En ese sentido, si al interior de una empresa, una persona con una función o cargo determinante favorece a otra, esto crea relaciones desiguales entre los participantes de un mercado. Otro ejemplo es que si una persona no hace los controles adecuados para prevenir y detectar prácticas corruptas, tales como el soborno internacional, esto podría manchar el desarrollo y crecimiento de la empresa.

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¿Quiénes deben implementar la Ley Antisoborno?

Aquí cobra relevancia un antecedente fundamental:  luego de expedida la ley, esta fue reglamentada en el mismo 2016 con una resolución, que estableció que las grandes compañías de los sectores TIC, industrial, farmacéutico, constructor y minero-energético deben poner en marcha sus programas de ética empresarial para prevenir el delito de soborno transnacional. 

Los criterios para definir quiénes están obligados a implementar los programas de ética que ordena la Ley 1778 de 2016 tuvieron en cuenta cuáles son los sectores con mayor incidencia de la corrupción, según las mediciones internacionales en esa materia.

Un dato relevante al respecto es que, de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, estudios realizados por diversos centros de investigación sostienen que los actos de corrupción cuestan alrededor del 5% del PIB mundial, de allí su importancia.

En 2017, Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades de la época, invitó no solo a las obligadas sino a todas las empresas a implementar códigos de ética, teniendo en cuenta la importancia de prevenir el soborno. 

“Las grandes compañías deben comprometerse a prevenir las conductas de soborno transnacional y están obligadas a cumplir con las nuevas normas. Sin embargo, invitamos también a las demás sociedades a que se unan al esfuerzo anticorrupción y fortalezcan sus exigencias en materia de ética empresarial”, aseguró en su momento.

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Sanciones a las que se podrían enfrentar

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en su importancia es la sanción. Las empresas que sean condenadas por soborno transnacional pueden llegar a ser multadas por 200.000 salarios mínimos y conducir a la inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años.

Pero no son las únicas sanciones. Dicha ley faculta a la Superintendencia de Sociedades para publicar en medios de amplia circulación y en la página web de la persona jurídica, de un extracto de la decisión administrativa sancionatoria, por un tiempo máximo de 1 año. También puede prohibir el recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno en un plazo de 5 años.