El decreto peruano que atentaba contra la comunidad LGBTQ+

La celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ cada 28 de junio ha marcado un punto de inflexión en la lucha por los derechos LGBTQ+. Desde los disturbios en Stonewall en 1969, esta fecha se ha convertido en una celebración global de la diversidad, la inclusión y el amor en todas sus formas.

Pero… ¿qué pasa cuando un gobierno promulga una norma que califica la identidad de género como una enfermedad mental? Lo veremos a continuación.

Entremos en contexto

El viernes 10 de mayo, el Poder Ejecutivo peruano aprobó un Decreto Supremo que patologiza el transexualismo y otras categorías de la identidad de género como “personas con problema de salud mental”. Esta situación se dio en medio de declaraciones contradictorias por parte del Ministerio de Salud de Perú (Minsa) donde afirmaban que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos.

"Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual en el país", se lee en el comunicado.

Tuvieron que pasar dos días para que el Minsa se pronunciara y diera a conocer la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). Este es un listado donde aparecen un conjunto mínimo de beneficios que una persona recibe al afiliarse a un seguro de salud público, privado o mixto; y se especifican los procedimientos médicos básicos a los que un peruano puede acceder.

En el comunicado que publicó la entidad estatal en sus redes sociales, se explica que la normativa fue actualizada para "garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental".

En una entrevista para la CNN, Herberth Cuba García, asesor del ministro de Salud del gobierno peruano, aseguró que, si bien la institución no considera la orientación sexual y la identidad de género como trastornos de salud mental, se había visto en la necesidad de tomar como base la normativa de la Organización Mundial de la Salud, debido a que es la que actualmente rige en el país, y que sí califica al "transexualismo" como una enfermedad mental.

Cuba García explicó que, aunque suene contradictorio, esta normativa es la única forma de asegurar el beneficio de las atenciones de salud mental integral a toda la población, incluyendo la LGBTQ+, puesto que, en la práctica, estas atenciones en salud mental no se estaban brindando en el ámbito privado y perjudicaban a la población.

¿Quiénes se pronunciaron al respecto? 

La cuestionable normativa ha generado mucha polémica y ha provocado un amplio debate tanto a nivel nacional como internacional, ya que se antepone a los principios de igualdad y no discriminación, pilares predominantes y esenciales en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Colectivos LGBTQ+ en Perú

A modo de respuesta, las organizaciones LGBTQ+ peruanas decidieron salir a protestar por medio de una marcha pacífica. Asimismo, la organización Más Igualdad Perú presentó una carta dirigida al Ministerio de Salud del país señalando su desagrado y señal de protesta por la aprobación del decreto. Este documento fue firmado por 414 profesionales de la salud mental y contaba con el respaldo de 176 organizaciones de derechos humanos.

Medios internacionales

La prensa internacional también ha expresado su preocupación y rechazo frente a esta ley, ya que la consideran discriminatoria y estigmatizante contra los miembros de la comunidad LGBT.

Organizaciones no gubernamentales

Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, criticó la decisión del gobierno peruano y solicitó la derogación del decreto. Según ellos, “la oficialización de la patologización de dicha comunidad puede minar considerablemente los esfuerzos para mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, lo que va en contra de los estándares internacionales en derechos humanos y podría perpetuar la discriminación y el estigma hacia las personas trans.

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¿Qué sucedió después?

Según la opinión de activistas y expertos, el hecho de clasificar a las personas transgénero como “enfermas mentales” podría dar pase a la promoción de alguno grupos conservadores a practicar terapias de conversión con el fin de cambiar la identidad de género o la orientación sexual de una persona.

Leyla Huerta, una activista trans, mencionó que el beneficio de acceso al seguro privado era irrelevante para la mayoría de los peruanos trans debido a las prácticas de contratación discriminatorias de muchos empleadores del sector privado. También señaló que cualquier atención para la comunidad trans se ve superado por la estigmatización que supone el lenguaje utilizado en la normativa gubernamental.

La directora de Más Igualdad Perú, la psicóloga Alexandra Hernández, sostuvo que algunos funcionarios del Ministerio de Salud tuvieron buenas intenciones al emitir esta norma, pero no consultaron a expertos en salud mental LGBTQ+.

Todo lo sucedido en este caso es una de las tantas luchas por ampliar los derechos y la atención a la salud de personas homosexuales y transgénero en toda Latinoamérica, una región con altos niveles de violencia contra las personas LGBTQ+.

¿Cuál es la situación actual del Perú frente a este tema?

En la región, Perú va muy por detrás de sus vecinos, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde hace años en países como Brasil, Chile, Argentina y Colombia. El sistema legislativo peruano prácticamente no reconoce derechos a los miembros del colectivo LGBTQ+.

En mayo del año pasado, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, Defensor del Pueblo, denigró a las diversidades sexuales y a la comunidad LGBTQ+ alegando que la homosexualidad es una deformidad y que no contribuye a ser institucionalidad y tampoco Estado, por lo que habría que corregirla.

En un estudio publicado en 2021 por Más Igualdad Perú, se descubrió que en una muestra de 323 peruanos LGBTQ, el 83% afirmó haber sufrido algún tipo de abuso verbal o físico y el 75% dijo haber sido objeto de discriminación. 

¿Cuáles deberían ser las principales obligaciones de los gobiernos para proteger a los miembros del colectivo LGBTQ+?

Los gobiernos tienen la responsabilidad de preservar los derechos humanos de todos sus ciudadanos por igual y deben basarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales conexos. A continuación te presentamos cinco:

1. Proteger a las personas de la violencia contra los homosexuales y transexuales.
2. Prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y denigrantes.
3. Derogar las leyes que penalizan las relaciones con personas del mismo sexo y a las transgénero.
4. Prohibir la discriminación con motivo de orientación sexual o identidad de género.
5. Salvaguardar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica de los miembros del colectivo LGBTQ+.

¿Qué ideas se deben promover para lograr la igualdad en el colectivo LGBTQ+?

Con el paso del tiempo, los gobiernos han reforzado y potenciado la protección de los derechos humanos del colectivo LGBTQ+ con medidas orientadas a:

• Despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo;
• Aprobar leyes que prohíben la discriminación;
• Penalizar los delitos de odio cometidos contra personas homosexuales, bisexuales y transexuales;
• Otorgar reconocimiento a las relaciones entre personas del mismo sexo y garantizar que las personas transgénero puedan obtener documentos de identidad que reflejen el género que han escogido, sin necesidad de cumplir con requisitos abusivos;
• Poner en marcha programas de capacitación para agentes de policía, personal de establecimientos penitenciarios, docentes, trabajadores sociales y cuidadores, para que puedan servir mejor a la colectividad LGBTQ+;
• Iniciativas contra el acoso en numerosos centros de estudio.

Sin lugar a dudas, la discriminación que se ejerce contra los miembros del colectivo LGBTQ+ atenta directamente contra los principios de derechos humanos y, parecer ser que son más habituales de lo que creemos. En muchas culturas del mundo aún se normalizan las actitudes de odio contra estas personas y deja en evidencia que el camino que queda por recorrer es largo.

Por eso, y con más razón, debemos redoblar esfuerzos para ponerle fin a los prejuicios y a la violencia en contra de personas en base a su  orientación sexual, su identidad de género o sus características sexuales.

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