Es habitual hablar de debida diligencia en el ámbito de cumplimiento entendida como debida diligencia LA/FT. Sin embargo, este concepto es mucho más amplio y en 2025 está tomando mucha fuerza en el mundo corporativo. En este artículo revisaremos la nueva normativa con enfoque en derechos humanos de la Unión Europea (UE) y cómo afecta a Latinoamérica. 

La Unión Europea por la protección de los derechos humanos y el medio ambiente 

La Unión Europea ha vuelto a marcar un hito en materia empresarial con la aprobación de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD), por sus siglas en inglés).  Esta actualización de la normativa pone de manifiesto la preocupación de la UE por la sostenibilidad empresarial y los derechos humanos. 

A través de una serie de medidas, las empresas están en la obligación de operar más allá de sus fronteras con un enfoque responsable respecto al medio ambiente y los derechos humanos. Esta iniciativa busca proteger a las víctimas al crear un marco claro para las empresas y unos procedimientos establecidos. Y se espera, que con una mezcla de acciones voluntarias y medidas obligatorias se impulse la sostenibilidad empresarial en una época en la que la acción colectiva es vital. 

Este hito también ha beneficiado a los sectores sindicales al identificar una nueva herramienta para reforzar la capacidad de estas organizaciones para defender los derechos de los trabajadores. 

Pilares de la debida diligencia 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su trabajo de impulsar la debida diligencia, les recuerda constantemente a las empresas que este es un proceso continuo por el cual pueden identificar, evaluar, mitigar, prevenir e informar cómo abordan los impactos negativos reales y potenciales de sus actividades. Y les presenta los siguientes seis pilares para que sigan y logren una debida diligencia exitosa: 

1. Incorporar la conducta empresarial responsable a las políticas y sistemas de gestión. 
2. Identificar y evaluar los impactos negativos en las operaciones, cadenas de suministros y relaciones comerciales. 
3. Detener, prevenir o mitigar los impactos negativos. 
4. Hacer un seguimiento de la implementación y los resultados. 
5. Informar sobre cómo se abordan los impactos. 
6. Reparar o colaborar en la reparación del impacto cuando corresponda. 

Además, para promover el cumplimiento efectivo de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, la entidad ha desarrollado guías sectoriales para ayudar a las empresas a identificar y abordar los riesgos para las personas, el medio ambiente y la sociedad. 

Empresas obligadas 

La iniciativa de la UE, que se aprobó en 2024 con efecto de aplicación hasta 2029, busca la identificación y mitigación de impactos adversos en derechos humanos y medio ambiente, así como la elaboración de planes climáticos. En una primera estimación se dice que esta medida afectará a más de 5.000 empresas grandes que cuentan con más de 1.000 trabajadores y más de 450 millones de facturación anual. Y se aplicará de forma gradual de la siguiente forma:

• 2027: empresas con 5.000 personas trabajadoras y 1.500 millones de euros
• 2028: empresas con 3.000 personas trabajadoras y 900 millones de euros.
• 2029: empresas con 1.000 personas trabajadoras y 450 millones de euros.

Además, la normativa también afecta a empresas de terceros países con actividades en la UE: sólo se referirá a su facturación. En 2027, afectará a las que facturen 1.500 millones de euros; en 2028, a las que tengan 900 y en 2029, a las de 450.

Obligaciones de las empresas

La CSDDD establece las siguientes obligaciones para el cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos y de medioambiente:

• Contar con una política de diligencia debida.
• Determinar los efectos negativos reales o potenciales en los derechos humanos y el medioambiente.
• Prevenir y mitigar los posibles efectos negativos.
• Establecer y mantener un procedimiento de reclamación.
• Supervisar la eficacia de la estrategia y las medidas de diligencia debida.
• Comunicar públicamente sobre la diligencia debida.
• Adaptar un plan de transición climática conforme al Acuerdo de París y con el objetivo de limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5 °C.

El impacto de la regulación en América Latina 

Aunque la regulación se dio en la UE, desde América Latina debemos entender qué significan estas obligaciones, teniendo en cuenta que, la Unión Europea es el tercer socio comercial, y primer inversor en América Latina y el Caribe. 

Con esta nueva normativa, estas empresas que hacen inversiones en sectores como la infraestructura, especialmente en materia de agua y electricidad, así como a las industrias extractivas, en el marco de un modelo de desarrollo basado sobre todo en la producción y comercialización de materias primas, deberán seguir unos protocolos de debida diligencia en materia de medio ambiente y derechos humanos. 

Casos como el de Repsol en Perú o Smurfit-Kappa en Colombia dejan en evidencia la importancia de la aprobación de esta regulación y los efectos que tendrán estas políticas de ahora en adelante en ecosistemas protegidos o en comunidades vulnerables. 

Empresas en Colombia y Ecuador frente a estas políticas 

Las empresas en Latinoamérica pueden interpretar las disposiciones de la UE en dos sentidos. Tanto si son empresas que cumplan con las condiciones de la UE para ser afectadas por la normativa o si celebran contratos con empresas de la UE que deben cumplir con las obligaciones antes mencionadas. Conocer el tamaño de la empresa y sus características puede ser clave para entender si aplican a las disposiciones y propender por que cumplan con una debida diligencia en materia de medio ambiente, derechos humanos y que cuenten con un plan climático. Si las multinacionales operan en Colombia, hacen parte de bases nacionales y pueden ser consultadas en portales de empresas como Tusdatos Empresas para conocer tamaño e ingresos anuales y lograr identificar si la debida diligencia la cobija. 

Finalmente, aunque la legislación se haya efectuado en la UE, es una iniciativa que marca un hito en el entendimiento de la debida diligencia en el mundo y que puede hacerse efectivo en Latinoamérica en unos años. Así que entender en qué consiste esta normativa es fundamental para el futuro, para los negocios y para priorizar los debidos procesos.