Casos de lavado de activos en Latinoamérica
En un entorno latinoamericano tan golpeado por los delitos relacionados con el lavado de activos, es esencial comprender los principales delitos fuente y las amenazas emergentes que afectan a la región. Desde el tráfico ilícito de estupefacientes hasta la corrupción y el contrabando, los países de LATAM se enfrentan a diario a desafíos significativos para la estabilidad y seguridad.
El narcotráfico, por ejemplo, continúa siendo una de las actividades criminales más prominentes en la región, alimentando la violencia, la inestabilidad en diversos países, destruyendo la confianza en las instituciones públicas y obstaculizando el desarrollo económico y social.
Top 5 de principales delitos fuente en Ecuador
Según el análisis de riesgo de lavado de activos en el sector de las microfinanzas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre los principales delitos que aquejan a la región, la corrupción es una de las grandes amenazas identificadas. También aparecen en este top el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicoactivas, captación ilegal de dinero, robo de vehículos y fraude a través de esquemas piramidales.
¿Cuáles son las amenazas emergentes en la región?
Entre las amenazas emergentes se encuentran la minería ilegal, la pesca ilegal, el tráfico de especies de flora y fauna, y la trata de personas. Estas actividades ilícitas tienen un impacto devastador en el medio ambiente, agotando los recursos naturales y poniendo en peligro la biodiversidad de nuestras regiones. Además, la trata de personas representa una grave violación de los derechos humanos y una forma de explotación que afecta a miles de personas cada año.
Tres principales delitos fuente en Colombia
1. Redes de explotación ilícita de oro
Las operaciones ilegales de extracción de oro son una preocupación importante en América Latina, ya que, al explotar los recursos naturales de manera no regulada, causan daños ambientales irreversibles y contribuyen a la financiación de actividades criminales. Se estima que estas redes ilegales generan ingresos de alrededor de 5.5 billones Pesos colombianos (COP), equivalente a aproximadamente 1400 millones COP.
2. Ingreso fraudulento de mercancías desde Estados Unidos a Colombia
El contrabando de mercancías, textiles y calzado, desde Estados Unidos a través de importadoras ficticias, representa una amenaza significativa para la economía de Colombia, ya que este ingreso fraudulento de bienes evita los controles aduaneros y la tributación adecuada, lo que perjudica gravemente a la economía nacional. Se estima que este delito genera ingresos ilícitos de alrededor de 130.000 millones COP.
3. Testaferros y actividades ilícitas
Los testaferros, utilizados por grupos armados organizados y empresas de fachada vinculadas al narcotráfico, facilitan la ocultación y legitimación de ganancias ilícitas. Estas redes criminales utilizan diversas tácticas, como los cobros gota a gota y los giros fraccionados provenientes del extranjero, para blanquear dinero y evadir la justicia. Se estima que estas actividades ilícitas generan ingresos de aproximadamente 656.000 millones COP, equivalentes a unos 167 millones USD.
Pero… ¿Cuáles son los tres casos de lavado de activos más significativos de Latinoamérica?
Caso I: Metástasis
El pasado 15 de diciembre de 2023 en Ecuador, la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo una operación masiva que sacudió los cimientos del sistema judicial. Se llevaron a cabo más de setenta y cinco allanamientos simultáneos en varias provincias del país, con el respaldo crucial de la Policía Nacional. Este operativo, denominado Metástasis, tenía como objetivo desmantelar una red de corrupción y narcotráfico que había infiltrado diversas instituciones del Estado.
¿Cómo se desarticuló la red de corrupción y narcotráfico en Ecuador?
Durante los allanamientos, se decomisaron evidencias contundentes, incluyendo alrededor de 44.000 USD en efectivo, armas de fuego, explosivos, teléfonos celulares, documentos y computadores portátiles. Sin embargo, lo más impactante fue la detención de más de treinta personas entre jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales y el presidente del Consejo de la Judicatura, quienes presuntamente formaban parte de una estructura criminal dedicada a la corrupción y al lavado de activos.
El caso Metástasis tuvo su origen con la muerte de Leandro Norero Tigua en octubre de 2022, en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi; la investigación iniciada a raíz de este suceso reveló un entramado de relaciones corruptas, sobornos y manipulación del sistema judicial, todo ello documentado en los teléfonos celulares de Norero. Estos hallazgos condujeron a la identificación y procesamiento de los presuntos implicados en la red criminal.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó una amplia gama de pruebas, incluyendo informes periciales, mensajes de texto y testimonios que sustentaban los cargos contra los imputados. Tras intensas deliberaciones, el juez dictó medidas cautelares para los procesados, que van desde prisión preventiva hasta arresto domiciliario y prohibición de salida del país.
El caso Metástasis es un claro ejemplo del compromiso del Estado ecuatoriano en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, este evento también pone de manifiesto la necesidad de una reforma integral del sistema judicial, así como de una mayor transparencia y rendición de cuentas en todas las esferas del poder. Solo mediante una acción decidida y coordinada se podrá erradicar la corrupción y fortalecer el Estado de derecho en Ecuador.
Caso II: Odebrecht
Un golpe a la integridad y transparencia
El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente, sacudió los cimientos de la política y la economía en varios países de América Latina. En diciembre de 2016, funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht admitieron haber pagado más de 788 millones USD en sobornos a gobiernos de múltiples naciones entre 2001 y 2006. Estos pagos tenían como objetivo obtener contratos públicos para proyectos de infraestructura, tales como líneas de metro, proyectos de irrigación, entre otros.
Los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron el alcance de los sobornos pagados por Odebrecht en diversos países de América Latina como Perú, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, Venezuela y Brasil. Las cifras son alarmantes: millones de dólares en sobornos que distorsionaron el proceso de licitación y afectaron la transparencia en la contratación pública.
Ante la gravedad de los hechos, Odebrecht fue condenada a pagar una multa récord de 3.500 millones USD, sin embargo, el daño causado por este escándalo va más allá de lo económico. Estas acciones han desgastado la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y mermado la credibilidad en los sistemas de justicia y control.
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Caso III: Tierra Santa
¿Un espejismo de éxito que encubría una red de corrupción?
El caso Tierra Santa ha dejado al descubierto un complejo esquema de lavado de activos y contrabando que operaba bajo el disfraz de una próspera cadena de ropa que, en 2014, registró un crecimiento exponencial en sus ingresos sin reportarlos ante la DIAN. Sin embargo, en septiembre de 2022, una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y la Policía Fiscal Aduanera reveló la verdadera naturaleza de sus actividades.
Los allanamientos realizados a los almacenes de Tierra Santa pusieron al descubierto una red de corrupción y contrabando planeada meticulosamente. Fueron capturadas veinte personas entre las que se encontraban ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, evidenciando la complejidad y la dimensión internacional de la operación ilegal.
La investigación concluyó con la incautación de bienes e inmuebles, valuados en más de 1.2 billones COP (300 millones USD), además, este golpe contra el lavado de dinero asociado al contrabando de ropa y accesorios reveló la magnitud del fraude perpetrado por Tierra Santa y sus cómplices.
El lavado de activos, como lo define la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú (SBS), es el proceso mediante el cual las ganancias ilícitas son ocultadas y transformadas para que aparenten ser de origen lícito.
El caso Tierra Santa es un recordatorio de la importancia de una vigilancia constante y una acción enérgica contra el lavado de activos y el contrabando. Igualmente, a pesar de que la operación conjunta de las autoridades colombianas fue un golpe contundente contra la corrupción y el crimen organizado, también evidencia la necesidad de una colaboración internacional más estrecha para combatir este flagelo de manera efectiva.
Es imperativo que se fortalezcan los controles y se implementen medidas más rigurosas para prevenir, castigar el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, solo de esta manera podremos proteger la integridad de nuestras instituciones y salvaguardar la justicia y la transparencia en nuestra sociedad.
Además, en la compleja realidad latinoamericana, los delitos fuente representan una preocupación constante para las autoridades encargadas de mantener el orden y la seguridad en la región. Asimismo, además de los delitos tradicionales, como el narcotráfico y la corrupción, van surgiendo nuevas amenazas que ponen en peligro la integridad de nuestras comunidades y el equilibrio ambiental.
¿Cómo el rol del Oficial de Cumplimiento ayuda a prevenir estos delitos?
El Oficial de Cumplimiento designado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACAMS) desempeña un rol estratégico en la gestión integral del programa de cumplimiento de Anti Lavado de Dinero/Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT). Es así que sus responsabilidades abarcan una amplia gama de aspectos cruciales para garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes y normativas aplicables, por medio del diseño e implementación del programa de ALD/CFT, así como la realización de los cambios y actualizaciones necesarios para adaptarse a los nuevos riesgos y regulaciones. Además, este profesional se encarga de difundir información relevante sobre los logros y desafíos del programa a miembros clave del personal, y de desarrollar contenido específico para programas de formación del mismo, gestionando el cumplimiento por parte de la institución de las leyes y normativas en materia de ALD/CFT.
Aun así, para desempeñar eficazmente estas funciones, se requiere una formación profesional sólida y una amplia experiencia en el campo del sujeto obligado, así como un profundo conocimiento de las regulaciones y prácticas de ALD/CFT.
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