Cambios en la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción - Colombia

E martes 18 de enero, el presidente Iván Duque, sancionó la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que levanta el velo corporativo de compañías para enfrentar a quienes pretenden lucrarse con recursos públicos y que aplicará también cuando una persona jurídica promueva o se encuentre en estado de insolvencia o liquidación, y ponga en riesgo el resarcimiento del patrimonio público afectado.

¿Cuál es el objetivo de la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción?

La Ley 2195 de 2022 tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.

El presidente de la República afirmó que la ley permite también fortalecer la capacidad sancionatoria de la justicia y contempla herramientas para la extinción de dominio y la enajenación temprana de bienes mal habidos producto de la corrupción. 

“La Ley define quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción y permite que podamos ir, eslabón por eslabón, hasta llegar a las torres de control de la criminalidad y que por esa vía haya sanciones ejemplarizantes”. Iván Duque

¿Qué menciona la Ley 2195 sobre la Debida Diligencia?

Respecto a lo anterior, la Ley 2195 nos dice que: “La Entidad del Estado y la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar, que tenga la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas o que tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), debe llevar a cabo medidas de debida diligencia que permitan entre otras finalidades identificar el/los beneficiario(s) final(es)”. 

Además de ello la Ley 2195 permite y garantiza el acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales únicamente a las siguientes entidades que en cumplimiento de sus funciones legales y Constitucionales ejerzan inspección, vigilancia y controlo tengan funciones de investigación fiscal o disciplinarias u orientadas a combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno trasnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada:

1. Contraloría General de la República.
2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
3. Fiscalía General de la Nación.
4. Superintendencia de Sociedades de Colombia.
5. Superintendencia Financiera de Colombia.
6. Procuraduría General de la Nación.
7. Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. 
   

¿Qué otros cambios contempla la Ley 2195?

Dentro de los ajustes a la la norma se planteó también el desarrollo de Programas de Transparencia y Ética Empresarial para todos los sectores así como la creación del Sistema de Detección y Alerta Temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos y así conocer a los beneficiarios finales de los contratos.

Puedes consultar la ley aquí.

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