¿Qué es la ley 1918 de 2018?

El Congreso de la República, en pro de la protección de niños, niñas y adolescentes en Colombia, expidió en 2018 la Ley 1918 con el fin de reglamentar las labores que pueden llevar a cabo las personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. 

Con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Nacional se busca hacer públicos los registros de personas que están obligadas a mantenerse alejadas de niños, niñas y adolescentes y proveer esa información a todas las empresas de Colombia para que pueda ser usada en sus procesos de contratación.

¿Por qué las empresas deben hacer verificación de antecedentes?

Al igual que el Estado y las entidades reguladoras, las empresas deben comprometerse con la protección de la integridad y dignidad de las personas empleadas en su compañía. Para lograr esa protección deben establecer unos parámetros a la hora de contratar personal con el fin de descifrar si esa persona se va a adaptar a la cultura empresarial y va a velar por el respeto y seguridad de sus compañeros y superiores. Además, las empresas deben cumplir con ciertas regulaciones de la ley que les prohíbe contratar personas vinculadas con acciones delictivas o que se encuentren en registros específicos como el de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de (18) años.

¿Qué empresas deben verificar el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de edad?

Según la Ley 1918 de 2018, es deber de las entidades públicas y privadas, de acuerdo a lo reglamentado por el Gobierno, verificar con previa autorización del candidato que este no se encuentra en el registro de inhabilidades. Aunque la obligación recae en todas las compañías, las empresas o entidades que desarrollen actividades relacionadas con menores de edad deben tener en cuenta este registro y aplicarlo para denegar o aprobar la contratación. Entre los tipos de empresas específicas que deben verificar y acatar este registro se encuentran:

·       Docentes y personal que trabaje en instituciones de educación formal.

·       Transporte escolar.

·       Centros de recreación y deportes.

·       Hotelería y turismo.

·       Hogares de paso.

·       Personal médico.

·       Sacerdotes, pastores y guías espirituales.

·       Personal de ventas y comercio.

·       Bomberos.

·       Entre otros que consideren que existe un contacto directo o virtual con menores de edad.

¿Qué papel desempeñan los antecedentes judiciales antes de una contratación?

El artículo 93 del Decreto-Ley de 2012, conocida como la Ley Anti-trámites, suprimió el certificado judicial que era exigido en los procesos de contratación por parte de los empleadores. Sin embargo, quedó abierta la puerta para que los empleadores hagan la consulta en línea de todo tipo de antecedentes.

Y la importancia de esta consulta recae en analizar a profundidad qué clase de persona está siendo contratada y si es la idónea para el cargo esperado. Es decir, si una persona presenta antecedentes de deudas por juego, emplearla en un cargo de tesorería no sería lo ideal. O en casos más específicos como el trabajo con menores de edad, no solo no es ideal, sino que también está reglamentado y multado por la ley.

Aun así, es importante recalcar que las empresas pueden consultar todos los antecedentes de la persona sin previa autorización, pero cuando se trate del registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de (18) años, el aspirante debe dar la autorización para acceder a dicha información.

¿Cómo se solicita el certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de (18) años?

En los procesos de contratación en los que se quieran verificar los antecedentes relacionados con delitos contra menores de edad, se debe partir de la autorización expresa del candidato y hacer la consulta virtual en la web de la Policía Nacional. Es así que la solicitud de este registro solo se puede hacer si cuenta con los siguientes requisitos mínimos:

·       Identificación de la persona natural o jurídica solicitante.

·       Naturaleza del cargo u oficio de la persona sujeta a verificación.

·       Autorización previa del aspirante al cargo para ser consultado en bases de datos.

·       Datos de la persona a consultar.

·       Aceptación, bajo gravedad de juramento, de que la información será utilizada única y exclusivamente en el proceso de selección de personal.

La obligatoriedad de esta consulta también expresa que la verificación de esta inhabilidad debe actualizarse cada cuatro meses después del inicio de la contratación y que el ICBF será el encargado de velar porque esto se cumpla. Así mismo, es clave entender que, si un candidato se niega a acceder a la consulta y se contrata para alguno de los cargos sensibles, mencionados antes, las empresas pueden acarrear multas y sanciones.

¿Cuáles son las multas aplicables por omitir esta verificación?

Según la Ley 1918 de 2018, omitir esta verificación en los términos anteriores, acarreará sanciones para entidades públicas y privadas reflejadas en multas equivalentes a un valor de entre cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mensuales vigentes. Igualmente, se establece que el ICBF será el encargado de imponer estas sanciones y que el valor de las multas será destinado a procesos de promoción del registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de (18) años.

Así mismo, la Ley establece que, si alguna entidad lleva a cabo la consulta sin la autorización previa de la persona, estará violentando el régimen de protección de datos personales y será sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de acuerdo a lo previsto en la Ley 1581 de 2012.

¿Puede un empleador evitar contratar a una persona por este tipo de delitos?

Las empresas que estén dentro de las entidades mencionadas por la Ley pueden y deben evitar contratar a las personas relacionadas con estos delitos. Igualmente, si la empresa considera que sus labores establecen relación directa o virtual con menores de edad, puede justificar la consulta de antecedentes y la no contratación de la persona. Sin embargo, si en las actividades de la empresa no hay ninguna conexión con menores de edad y se evita contratar a la persona, pueden incurrir en acciones de discriminación y enfrentarse a una demanda. Entonces, si la persona que está aplicando a un empleo considera que sus actividades no tienen nada que ver con sus antecedentes, puede denegar la consulta del certificado y acogerse a la ley por discriminación en caso de no ser contratada por estos antecedentes.

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